La semana pasada, Uruguay le dio la media sanción a una nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). El proceso de elaboración se inició en 2010 con la conformación de un Comité Técnico Consultivo convocado por la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y contó con la participación de una diversidad de actores vinculados a la comunicación, asociaciones de propietarios de medios, asociaciones de publicistas, asociaciones de productores, academia, y organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraba la Coalición por una Comunicación Democrática.
Por Sonia Santoro Foto: Marta Gonzalez
El periodista Edison Lanza, forma parte de la Coalición. En el Seminario “Las mujeres en el medio de los medios. Horizontes mediáticos de igualdad”, planteó que se trabajó sobre dos desafíos en relación al proyecto de ley: “Uno: hablar de regulación de medios no implica estar en contra de la libertad de expresión. Dos: una regulación de regulación democrática tiene que ver con muchas más cosas que los contenidos, tiene que ver con la concentración de medios, distribución de frecuencias, acceso a los medios”.
Lilián Celiberti, también participa de la Coalición por una Comunicación Democrática. Para ella esta ley “es un debate político de primer orden. Sin embargo es un debate que no está en el primer lugar de la agenda de la política y de las políticas”.
Lo que está en juego es romper con la “concepción liberar de la libertad de expresión que está asociada a la propiedad de los medios” y empezar a hablar de “la libertad de expresión como el derecho a la comunicación”.
“Cuando en este momento del contexto del mundo empiezan a aparecer los cuestionamientos al paradigma de la igualdad formal, aparecen nuevas legislaciones, empieza a resquebrajarse la idea de igualdad que existía desde la conformación del Estado nación porque esa igualdad estaba basada en la exclusión de mujeres, indígenas, etc. Entonces –explicó Celiberti- el debate de fondo que se plantea en torno a esta ley es la libertad de expresión de esos grupos que no tenían acceso. ¿Por qué preocuparnos por la imagen de las mujeres, por la perspectiva de género? Porque las mujeres somos la mitad de la población no somos una minoría. Porque están instalado que están los derechos de las mujeres, de la población LGTTB, de la población afro… pero resulta que las mujeres somos parte de todas estas poblaciones porque somos parte de la mitad de la población”.
En la misma línea, Aimee Vega, investigadora de la Universidad Nacional de México (UNAM), señaló que “los gobiernos latinoamericanos no han hecho lo suficiente en materia de género al reformar las regulaciones de comunicaciones. En general, aparece apenas un párrafo diciendo que no se puede discriminar por genero, etnia, etc.” Dijo que hay que aprovechar estos debates históricos que se están dando en la región para debatir sobre la relación entre los derechos humanos de las mujeres y libertad de expresión.
“Hay un argumento tramposo que usan los industriales de la comunicación: están atentando contra la libertad de expresión. Entonces hay que invitar a los industriales a que ellos mismos propongan soluciones, la autorregulación”, dijo. También propuso ampliar la concepción sobre los derechos humanos de las mujeres en los medios: “Mucho se centra en los contenidos, en los estereotipos. Pero no es solo eso. Tenemos que poner una mirada integral. Tiene que ver también con acceso y participación de las mujeres en la industria. Garantizar la paridad en todos los niveles, también en la propiedad de los medios”. Al día de hoy, ejemplificó, en México solamente el 1 por ciento de los dueños de televisoras son mujeres. Y todas están ligadas a Televisa.
Foto: de izq a derecha Vega, periodista de APU, Celiberti, Lanza.